El panorama de extranjería en España atraviesa uno de sus momentos más determinantes este verano. Tras el cierre oficial del plazo el pasado 30 de junio de 2026, las oficinas de extranjería se encuentran ahora inmersas en la resolución de las solicitudes de la Regularización Extraordinaria. Esta medida histórica ha buscado normalizar la situación de más de 500.000 personas extranjeras que residían en España en situación irregular o de vulnerabilidad prolongada.
El impacto de la Regularización y el fin del plazo
El proceso de regularización excepcional ha estado dirigido principalmente a personas en situación irregular que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, así como a solicitantes de protección internacional. Los primeros balances recogidos tras el cierre de la plataforma en junio muestran que la medida ha tenido una respuesta ciudadana masiva.
Para acceder a este permiso, los solicitantes tuvieron que demostrar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida en territorio español en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y abonar la correspondiente tasa administrativa de 38,28 €. Ahora, el gran reto de la Administración es tramitar esta inmensa bolsa de expedientes para que, una vez resueltos de forma favorable, los beneficiarios puedan tramitar directamente su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Nuevas figuras: El “Arraigo de Segunda Oportunidad” y el talento internacional
En paralelo al fin de esta ventana extraordinaria, el sistema migratorio español sigue adaptándose a las recientes reformas normativas de 2026, las cuales redefinen los permisos tradicionales para ajustarlos a la realidad laboral y social.
Entre las novedades que ya están marcando el día a día de las oficinas de extranjería figuran:
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Arraigo de segunda oportunidad: Una nueva vía legal dirigida específicamente a aquellas personas que contaron con una autorización de residencia previa pero que, por diversas circunstancias, la perdieron y quedaron en situación irregular.
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Arraigo para la formación: La reforma ahora permite que los solicitantes de esta vía puedan trabajar desde el primer momento, incluso si la actividad laboral no guarda una relación directa con los estudios que están cursando.
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Talento y empleo cualificado: Las empresas también enfrentan nuevas reglas de juego tras la supresión de la famosa “Golden Visa” inmobiliaria. El umbral salarial mínimo para obtener la Tarjeta Azul de la UE se ha fijado este año en 41.356,36 € anuales, y las tarjetas de residencia de larga duración para trabajadores mayores de 30 años han ampliado su validez a un periodo de 10 años. Además, los visados aprobados ahora otorgan hasta 365 días de margen para entrar al país, facilitando la logística de reubicación.
Con la gran vía extraordinaria ya cerrada, el foco de los despachos de abogados y asesores se centra en sacar adelante los expedientes en trámite y en estudiar las nuevas opciones de arraigo para quienes llegaron tarde o no cumplían los requisitos para regularizarse.